Viernes, 09 de Septiembre de 2011 03:46 | 
Escrito por La Redacción
San Juan Puerto Rico.-
El uso de fuerza excesiva, irrazonable, registros e incautaciones ilegales, la no implantación de políticas internas, supervisión inadecuada y la falta de fiscalización externa en la Policía de Puerto Rico fueron parte de los hallazgos principales, contenidos en un informe efectuado por la División Civil del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En el que se concluye que por años la Uniformada de la Isla ha incurrido en violaciones a los derechos constitucionales de los residentes en Puerto Rico y a las leyes federales.
Tal es la gravedad de los vicios en la Uniformada que en el documento federal se destaca que en cinco años 1,709 agentes fueron arrestados por comisión de delitos.
“La Policía de Puerto Rico está viciada en varios aspectos críticos. Los problemas son amplios y profundamente arraigados y han creado una crisis de confianza la cual hace extremadamente difícil que relaciones entre la Policía y la comunidad florezcan, piedra angular de un sistema de orden público efectivo”, afirmó el secretario auxiliar del Departamento de Justicia Federal, a cargo de la División de Derechos Civiles, Thomas Pérez en una rueda de prensa para presentar el informe junto al gobernador Luis Fortuño.
Los hallazgos surgen tras una pesquisa efectuada por la sección de Litigios Especiales de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal que inició en el 2008. En la investigación entrevistaron a policías, líderes comunitarios y funcionarios gubernamentales.
El patrón y práctica de agentes que violan la Constitución al utilizar la fuerza en situaciones en donde no debe ser utilizada, lesionó innecesariamente a cientos de personas y causó la muerte de muchas otras, según se desprende del extenso informe.
Indica que la dependencia del uso de la fuerza es evidente durante el despliegue regular de unidades tácticas fuertemente armadas al efectuar el patrullaje preventivo, usualmente en complejos de vivienda pública o en barriadas de escasos recursos.
Señala que unidades, como la de Operaciones Tácticas, dependen casi exclusivamente de sus demostraciones extremas de fuerza y no en estrategias contemporáneas de resolución de conflictos.
“De manera preocupante, un agente asignado a una de estas unidades nos expresó abiertamente y sin la objeción de su supervisor que los agentes necesitan violar los derechos civiles para luchar contra el crimen y lograr las metas establecidas por los oficiales del gobierno”, reza el documento.
El informe indica que los reclamos públicos para que se tomaran acciones para remediar las violaciones de derechos civiles fueron fundamentados en el “abrumador” número de agentes que han sido arrestados y convictos por casos criminales y de mala conducta.
Entre estos menciona el asesinato de múltiples miembros de una familia en el 2007, incidente denominado como “La Masacre de las Piedras”, la grabación en video del asesinato a tiros del ciudadano Miguel Cáceres a manos de un agente de la Unidad de Operaciones Tácticas, durante la celebración de un quinceañero en Humacao en el 2007; el asesinato de un teniente de la policía a manos de un sargento en una estación policiaca en Yabucoa; la determinación de culpabilidad de múltiples agentes asignados a la Unidad de Drogas de Mayagüez en el 2008 por plantar droga a ciudadanos; y la convicción del ex director de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía, Mickey Flores y varios de sus subalternos por cargos de tráfico de drogas.
Asimismo, menciona la determinación de culpabilidad de un teniente que dirigía el registro de armas en el Cuartel General por participar en un esquema ilegal para facilitar licencias de armas; el uso indiscriminado de rotenes y químicos irritantes contra un grupo de manifestantes en el Capitolio en junio del 2010; el asesinato de un joven desarmado que ayudaba a la policía en un robo ocurrido en un restaurante de comida rápida en Guaynabo en septiembre del 2010 y el arresto de 61 agentes durante el mageoperativo conocido como “Guard Schack”. Este ha sido el operativo más grande contra la corrupción policiaca por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
De igual forma, el informe destaca el “asombroso” nivel de crimen y corrupción dentro de la Policía, los cuales deben ser atendidos de manera sistemática. Observa que entre enero del 2005 y noviembre del 2010 se han arrestado a más de 1,709 agentes.
Asimismo, indica que el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes restringe la libertad de expresión en violación a la Primera Enmienda a la Constitución. Ello, desalienta a los residentes de la Isla a participar en actividades protegidas por la Primera Enmienda.
Menciona que durante manifestaciones y protestas una fracción de los agentes atiende amenazas específicas o conducta criminal, lo que ha sido reflejado por la escasez de arrestos sustentados en causa probable.
“La Policía de Puerto Rico utilizó agentes químicos, rotenes y fuerza física de manera indiscriminada contra manifestantes y otros individuos en agosto del 2009 en la Avenida Universidad, en el Hotel Sheraton en mayo del 2010 y en el Capitolio en junio del 2010”, expresa el escrito.
Agrega que, tan reciente como en diciembre del 2010 y en enero del 2011, agentes de la Policía utilizaron llaves de estrangulación simulada y técnicas de puntos de presión contra manifestantes que estaban resistiendo de manera pasiva o que no representaban una amenaza significativa.
“En febrero del 2011, los agentes empujaron, golpearon y rociaron a manifestantes en un campus universitario (Universidad de Puerto Rico), y lanzaron piedras y otros objetos a personas que de igual manera no representaban una amenaza significativa”, indica el informe.
En cuanto a los registros ilegales, que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, la pesquisa reveló la práctica de agentes que registran los hogares de la población civil sin orden judicial, en los cuales dependen de la intimidación como su herramienta.
La pesquisa reflejó, además, otras deficiencias preocupantes para el Departamento de Justicia federal como lo son la falla en atender los crímenes sexuales e incidentes de violencia doméstica y prácticas discriminatorias contra personas de origen dominicano.
Pérez manifestó que el Departamento de Justicia federal buscará lograr un acuerdo judicialmente vinculante y trabajará con la Policía de Puerto Rico y la comunidad en la implementación de un plan de reforma con la supervisión judicial.
Por su parte, el Gobernador afirmó que su administración no esperó a la radicación del informe y formó un equipo de asesores y expertos de reconocido peritaje a nivel internacional. Facultó al Monitor Especial Independiente para que hiciera una radiografía de la Policía y delineara un plan de reforma que combata el crimen y a la misma vez proteja los derechos civiles de los ciudadanos.
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